La Insolvencia Empresarial

NUEVO RÉGIMEN DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL     (LEY 1116 DE 2006)

En entrega anterior habíamos analizado la nueva ley 1380 de enero 25 de 2010 que estableció el régimen de insolvencia para personas naturales que no tenían la calidad de comerciantes.

Dijimos entonces que  en esta forma, las personas no comerciantes podían – a través de esta preferencia – evitar que su patrimonio fuera perseguido judicialmente por los acreedores en caso de insolvencia, o de una llamada cesación de pagos, lo cual tiene efectos, desde el instante en que es aceptada la solicitud de trámite de negociación de las deudas.

Mas, en atención a un reconocido grupo de “cibernautas” los cuales según estudios realizados, se interesan más por la política, tienen relaciones de amistad y familiares más intensas y son más sociables,  vamos a referirnos en esta ocasión a otra ley no menos importante, cual es la 1116 de 2006 sobre Nuevo Régimen de Insolvencia Empresarial, la cual comenzó su vigencia, a partir del 28 de Junio de 2007, diferente  a la 1380 de 2010, en cuanto a su campo de aplicación.

La norma tiene por objeto, la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa, viable como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de procesos de reorganización y de liquidación judicial. Y como proceso, está destinada a salvar a un deudor, que puede tratarse de una empresa, una persona natural comerciante o un patrimonio autónomo, afecto a la realización de actividades empresariales, salvamento que se realiza a través del acuerdo que se celebre entre acreedores internos y externos, con las mayorías estipuladas en la ley, para pagar las acreencias vigentes al momento de la apertura del proceso.

El régimen de la insolvencia regula el tipo de procedimiento denominado de Liquidación Judicial y prevé en general que ante el juez del concurso, se disponga de los bienes del deudor con miras a poner  fin a la actividad comercial de la empresa, transformando en dinero, los bienes a través de la venta directa o subasta privada y distribuyendo después el producto de la venta o, en caso de no ser posible la venta en todo o en parte, celebrando un acuerdo de adjudicación entre los acreedores aplicando la prelación legal de créditos o en su defecto adjudicándolos a través de providencia judicial.

En general, están sometidas al régimen de insolvencia las personas jurídicas que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto, al igual que las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales.

En este orden de ideas la Ley 1116 de 2006 que hoy estudiamos se halla inspirada hacia un entorno diferente, y con vocación de permanencia protege la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en general, sancionando  las conductas que le sean contrarias, y aplicándose en el énfasis de la protección del crédito, al unísono con la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo. He ahí su filosofía.

Cuando se da el acuerdo de reorganización, la agregación de valor se endereza a preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, por lo que se debe acompañar – entre otras –  la solicitud de inicio del proceso, conservando un flujo de caja, que sea  suficiente, para atender el pago de las obligaciones.

Así mismo y con ese objetivo, se deberá  anexar memoria explicativa de las causas que llevaron a la situación de insolvencia, junto con  un plan de negocios de reorganización del deudor, que contemple no solo la reestructuración financiera, sino también organizacional, operativa o de competitividad, conducentes a solucionar las causas que originaron la crisis. Y algo más, cuando se trate del acuerdo de adjudicación o el proceso de pago y extinción, se ha de buscar una liquidación rápida, ordenada y también el aprovechamiento al máximo del patrimonio del deudor.

A este régimen se pueden acoger personas naturales comerciantes, personas jurídicas no excluidas, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional de carácter privado o mixto, sucursales de sociedades extranjeras, y patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales, de acuerdo con la reglamentación que expida el gobierno nacional.

Por otra parte, la ley en comento enumera taxativamente, quiénes no se pueden acoger a dicho régimen, el cual tampoco es aplicable a las entidades territoriales. Y necesario es admitir que la conocida Ley 550 de 1999, creada como un mecanismo transitorio para hacer frente a una situación coyuntural de crisis económica, otorgaba una mayor protección a los deudores con decaimiento del acreedor y perjuicio de la expansión del crédito y del desarrollo económico que llevaría a adoptar medidas de intervención económica.

Pero esta nueva ley,  la  1116 de 2006, fue otra cosa, inspirada en  entorno diferente, como lo dijéramos anteriormente y recogiendo, la experiencia obtenida con la aplicación de la normatividad anterior, fomenta y protege la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en general y sanciona las conductas que le sean contrarias, imprimiendo énfasis en la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, con aplicación también a las personas naturales comerciantes.

También es preciso tener en cuenta, que una vez presentada la solicitud de inicio del proceso de reorganización o de liquidación judicial, las personas o sociedades que presten al deudor servicios públicos domiciliarios, no podrán suspenderlos o terminarlos por causa de créditos insolutos a su favor, exigibles con anterioridad a dicha fecha.

Y una de las materias que, a juicio del legislador merecen mayor protección en este tipo de procesos, es la laboral y  pensional, razón  por lo que la mentada ley consagra medidas especiales para acceder al procedimiento de insolvencia

Carlos Martinez Perea

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